MARTHA INÉS ROMERO
Existen crímenes que dejan huellas profundas en la comunidad que los padece. Uno de ellos es la trata de personas. Seguramente cada uno de nosotros puede recordar el nombre de alguna mujer en nuestro país que desapareció para luego ser identificada como víctima de trata.
La trata es una grave vulneración de derechos humanos que conlleva la explotación de las personas sometidas a la misma, la privación del acceso a sus derechos fundamentales y el ejercicio de diversas formas de violencia y discriminación. La violencia es cualquier acto que afecta la integridad física, emocional, psicológica, sexual, espiritual y cultural de sus víctimas. Los expertos calculan que, por cada víctima identificada, hay por lo menos 20 más sin identificar. La trata requiere de una respuesta contundente y coordinada entre sectores y organizaciones públicas y privadas en los países de la región.
En Suramérica, 80% de las víctimas de trata son mujeres, de las cuales 31% son niñas. Centroamérica es la región del mundo con mayor número de víctimas de trata por cada 100 mil habitantes. La Trata entonces afecta, en gran medida, a mujeres y a niños y a niñas que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad.
Además, existen fines de explotación altamente feminizados, como la explotación sexual y la prostitución forzada, la mendicidad, la delincuencia -común u organizada como víctimas de redes de narcotráfico, y dentro de lo que se conoce como trata con fines de trabajo esclavo: el servicio doméstico, la servidumbre, y ciertas áreas de la agricultura.
En cuanto al acceso a la justicia, las víctimas de trata enfrentan enormes obstáculos para que se les reconozcan y protejan sus derechos. La falta de entendimiento de la trata de personas y de las vulneraciones que este fenómeno conlleva ha hecho, por ejemplo, que el sistema legal las discrimine por su etnia o su procedencia y les aplique estereotipos que las tildan de “sospechosas”, “criminales” o que hacen que se desconfíe de sus testimonios. América Latina ha logrado ciertos avances, sobre todo con respecto a la adhesión a los Convenios Internacionales contra la Trata de Personas. Sin embargo, queda mucho por hacer en este tema, tanto desde la generación de información para la acción de la comunidad, como desde el punto de vista jurídico e institucional de políticas públicas.
El marco jurídico internacional de los Derechos Humano necesita de mecanismos adecuados para identificar correctamente a las víctimas de trata y para informarles sobre sus derechos. El control migratorio y la persecución del delito sin un enfoque de derechos humanos, son marcos incompletos y vulneran los derechos de las víctimas.
La incidencia política global, regional y nacional busca que las mujeres y niñas tengan acceso a todos sus derechos sin importar la situación migratoria en la que se encuentren. Para ello, requiere de evidencias desde lo local.
La pandemia derivada del coronavirus ha expuesto y exacerbado muchas desigualdades a nivel mundial y ha expuesto a millones de personas a un mayor riesgo de ser víctimas de trata. Las acciones de respuesta al COVID-19 deben incorporar claros esfuerzos para aumentar la capacidad de respuesta de las instituciones de servicios esenciales para la prevención y detección de la trata, y la atención a los sobrevivientes.
¿Qué hacer desde un enfoque de fe?
- Dejar el silencio y dar visibilidad a las heridas y a las injusticias que incomodan, no sólo físicamente, sino también moralmente. Denunciar, desde una mirada de “periferia”.
- Tener una comprensión del valor de la Espiritualidad, que se ve altamente afectada cuando se vulneran derechos de víctimas de Trata. Hay un conflicto con la trascendencia, por el hecho aberrante sufrido. Es pertinente dar una atención particular a momentos para la conexión con la Divinidad -cualquiera sea la inspiración de fe, incluyendo las creencias ancestrales de nuestras comunidades originarias.
- Acciones de Restitución de Derechos. Es importante mencionar que entre los 41 Desafíos Pastorales identificados en la pasada Asamblea Eclesial Latinoamericana y del Caribe, celebrada en Noviembre en México y en la cual muchos/as participamos, el Desafío 28 llama a denunciar la trata de personas para explotación laboral y sexual, el tráfico de armas, secuestros y venta de órganos. Y promueve como orientación pastoral, el “establecimiento de mecanismos de sensibilización y denuncia por medio de campañas realizadas en alianza con instituciones de la sociedad civil y la academia. También, promueve el fortalecimiento de la Red Clamor a la cual pertenecen todas las Caritas de América Latina y el Caribe, y otras redes eclesiales, para “comprometernos con coraje y parresía (que implica voluntad y confianza, integrando libertad, verdad y caridad) en trabajos de prevención y acciones de incidencia públicas.” .
Las Mujeres víctimas de trata deben recuperar su liderazgo, su ciudadanía plena. Pax Christi Internacional como movimiento católico de paz, seguirá acompañando las iniciativas de las Iglesias en América Latina y el Caribe, para seguir fortaleciendo el Acompañamiento hombro a hombro, promoviendo la Espiritualidad, la Formación y Educación de las víctimas de trata para generar oportunidades para ellas; para participar en espacios de articulación y movilización, para seguir desarrollando planes de Incidencia Política y Campañas de sensibilización y educación hacia opinión pública, hacia una mejor comprensión del fenómeno, sus causas y los impactos humanos y societales. Con ello, seguiremos combatiendo este delito nacional y transnacional que genera impactos en las víctimas y seguiremos promoviendo el liderazgo de las mujeres que han sido víctimas de trata, como verdaderas agentes de cambio, que muestran que la Dignidad Humana va de la mano de un verdadero Desarrollo Humano Integral.
Martha Inés Romero, colombia
Coordinadora Regional Pax Christi International
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